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Pagos en efectivo

Foto Pagos en efectivo

El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa fiscal y presupuestaria y de adaptación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en materia de prevención y lucha contra el fraude, establece la limitación de los pagos en efectivo respecto a determinadas operaciones.
En particular, se establece que las operaciones no pueden ser pagadas en efectivo, en las que cualquiera de las partes implicadas actúe como empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500€ o su equivalente en moneda extranjera. Este límite se amplía hasta 15.000€ cuando el ordenante es un particular que justifica que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúa como empresario o profesional. En diciembre de 2016, el Gobierno anunció que estos pagos se limitarían aún más, hasta 1.000€, pero hoy es una medida que no ha entrado en vigor.
También es importante analizar lo que se considera pago en efectivo, definido en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En este sentido, no sólo se incluye el papel moneda, sino también todos los medios destinados a ser utilizados como pago al portador, como un cheque bancario de esta modalidad. Esto se debe a que su uso es el mismo que el del dinero en efectivo y cualquiera puede cobrarlo o depositarlo.
En resumen, las transacciones entre personas físicas no tienen limitaciones y los pagos pueden realizarse libremente en efectivo, además de pagar en las instituciones financieras cualquier monto en efectivo, aunque para completarlo, es necesario llenar otros requisitos de información para cumplir con las regulaciones para la prevención de capitales. Las limitaciones de pago de hasta 2.500€ se dan en operaciones entre dos empresas o una empresa y un particular o entre profesionales.
Sanciones por incumplimiento
Para evitar sanciones, aquellas personas o empresas que intervengan en cobros y pagos superiores a 2.500€, deberán conservar los recibos de pago durante un periodo mínimo de seis años a partir de la finalización del ejercicio. Así, pueden justificar que han cumplido con la normativa frente a cualquier requerimiento de la Agencia Tributaria. Si se incumple, se incurriría en una infracción administrativa grave. Es importante señalar que si quien fracasa es ambas partes, el que paga y el que recauda, la Administración Tributaria puede ir en contra de cualquiera de ellas individualmente o en contra de ambas.
La multa será del 25% sobre el monto de la transacción. Por ejemplo, para un pago de 5.000€, la multa será de 1.250€. Existe la posibilidad de que una de las partes quede exenta de la infracción, siempre que denuncie la operación en un plazo no superior a 3 meses. Cualquier infracción prescribirá después de cinco años, los cuales comenzarán a contar a partir del día en que se cometió la infracción.

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